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El fiscal ve delitos en la gestión de Aguas de Girona gracias a la auditoría realizada por EFIAL

El Juzgado de Instrucción 2 de Girona ha citado a declarar como investigado este viernes al consejero delegado de la empresa mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (Agissa), Narcís Piferrer, por un presunto delito de apropiación indebida, ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado.

La citación llega después de que la CUP presentara una denuncia ante la Fiscalía por un “conjunto de delitos supuestamente cometidos por Narcís Piferrer”, lo que el Ministerio Fiscal estudió y decidió abrir diligencias informativas.

La fiscalía comenzó a investigar a raíz de la denuncia que presentó la CUP después de que SER Cataluña destapara el contenido de una auditoría en la que se cuestionaban numerosas prácticas dudosas que se han hecho durante años en la empresa. Esta denuncia iba dirigida contra Narciso Piferrer y contra Girona SA, la parte privada de actuaba que representa el 80% de esta empresa mixta. Girona SA está formada por Aqualia (33’6%), Aguas de Barcelona (31’4%), CaixaBank (34’2%) y un pequeño accionista que tiene el 0’75%.

La CUP, agarrándose al que salió en la primera -y única- reunión de la comisión de investigación -creada por el Ayuntamiento de Girona cuando Carles Puigdemont era alcalde- hizo público que Girona SA facturaba cada año 180.000 euros para pagar su consejero delegado y el director técnico de la empresa sin que los ayuntamientos de Girona, Salt y Sarrià lo supieran.

También se hizo público en ese momento que la empresa jugaba con la contabilidad de forma que cuando había resultados positivos se quedaban los ingresos y cuando eran negativos los imputaban a los ayuntamientos.

La CUP presentó a la fiscalía el contenido de la auditoría que la consultora EFIAL hizo a Aguas de Girona, Salt y Sarrià, que, entre otras cosas, decía que la empresa mixta genera un superávit anual superior al millón de euros y, en cambio, el año 2012 tenía una deuda acumulada de más de siete millones. Añadía que, de estos siete millones, el socio privado se llevaba el 80%.

Otras prácticas presuntamente irregulares que recogía la auditoría son que se pedían créditos y luego el dinero no se utilizaba para lo que estaban concedidos; que las contrataciones de obra civil se hacían siempre a las mismas empresas y que el agua se vende más barata en el Consorcio de la Costa Brava que los ciudadanos de Girona, que son los que tienen los derechos sobre el río Ter.

Después de unos meses investigando, la fiscalía ve indicios de delito por parte de Narciso Piferrer. Deberá responder de un presunto delito de apropiación indebida y de un delito societario, que es el que se comete cuando el administrador de una sociedad falsea los números y causa un perjuicio económico a la sociedad a quien representa.

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blasacosta.es/

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